Cuando la parte tiene el beneficio de justicia gratuita, los honorarios del perito designado salen de la tabla del propio tribunal o, en su defecto, de la tabla del CNJ (Resolución 232/2016), que va de R$ 170 a R$ 870 por dictamen y se reajusta anualmente por inflación. El juez puede superar ese techo hasta cinco veces, de forma fundamentada. Para un examen que consume 20, 30 o más horas de trabajo técnico, incluso el techo reajustado significa pocas decenas de reales por hora.
Como referencia de mercado, el reglamento de honorarios del IBAPE-SP (2025) fija la hora técnica básica de peritaje en R$ 625,00, con incrementos para profesionales experimentados y casos complejos, y la tabla de honorarios medios de la APEPAR (2025) apunta en la misma dirección. La distancia entre una cosa y otra no es un detalle: es del orden de veinte veces.
La consecuencia es aritmética, no es defecto de nadie: aunque tenga la intención de hacer el trabajo minucioso, el profesional designado en esas condiciones no tiene cómo dedicar al caso las decenas de horas que un examen profundo exige. El resultado recurrente son dictámenes simplificados, en los que los puntos que favorecerían su tesis quedan sin explorar.
Y el riesgo recae justamente sobre la parte que no costeó el peritaje: si el dictamen simplificado concluye en su contra, incluso cuando tiene razón, la verdad del proceso pasa a ser lo que está escrito en él. La impugnación firmada solo por el abogado patrocinante rara vez revierte el cuadro, porque a ojos del juzgado el abogado es, por definición, el interesado: su manifestación técnica llega filtrada por la presunción de parcialidad, mientras el perito judicial habla con la confianza de auxiliar imparcial del juzgado. El mismo argumento técnico vale poco en escrito de abogado y vale mucho firmado por un perito.
Es esa doble asimetría, de horas y de credibilidad, la que corrige el perito actuando como asistente técnico: contratado por la parte, con honorarios a la altura del trabajo, dedica al caso las horas que la tabla pública no admite y lleva al proceso una voz con el mismo estatuto técnico que la del perito designado, en los puntos de pericia, en las diligencias y en el informe que profundiza lo que el dictamen dejó superficial. En una disputa relevante, la pregunta no es si esa dedicación marca la diferencia; es qué lado de la mesa la tendrá.
